Estrategias políticas para el tratamiento de las drogas ilegales en Colombia
Resumen
Para la década del noventa, la institucionalidad en Colombia se encontraba vulnerada frente a grandes carteles que traficaban y comercializaban con narcóticos. Fue en este contexto en el cual surgió el Plan Colombia, estrategia para recuperar la institucionalidad, reducir los cultivos ilícitos de coca y amapola, debilitar la economía de los grupos ilegales insurgentes, y finalmente recuperar la confianza inversionista. Hoy 13 años después de implementado el Plan, los cultivos ilícitos han tenido una disminución pero persisten, el tráfico y el comercio de psicoactivos han mutado y el consumo se ha incrementado, por lo tanto se cuenta con una necesidad social manifiesta por abordajes que realmente procuren un desarrollo sostenible y que den respuesta a una demanda comunitaria por acciones que procuren la prevención, la atención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas, con servicios de salud adecuados.
----------Palabras clave: sustancias psicoactivas, plan Colombia, producción de drogas, consumo de drogas
Abstract
During the 1990's, institutionality in Colombia was negatively affected by large drug-dealing cartels. It was in this context where the Plan Colombia was born. This plan was a strategy to recover institutionality, reduce illegal coca and poppy plantations, weaken the economy of illegal insurgent groups, and restore investor confidence. Today, 13 years after the implementation of the Plan, the amount of illegal plantations has decreased. However they are still present, the traffic and trade of psychoactive substances have evolved, and consumption has increased. Therefore, there is now an evident societal need for strategies which address these issues that truly lead to sustainable development. Likewise, the community requires actions aimed at preventing this issue and promoting the care, treatment, and rehabilitation of those affected by this reality while providing adequate healthcare services.
----------Keywords: psicoactive substances, plan Colombia, drug production, drug abuse
374 Universidad de Antioquia
Rev. Fac. Nac. Salud Pública Vol. 31 N.º 3 septiembre-diciembre 2013
Introducción
Colombia lleva más de tres décadas en una guerra contra
el narcotráfico y el comercio de marihuana, cocaína y
heroína. Sin embargo los resultados obtenidos no han
sido totalmente satisfactorios; muestra de ello es que en
el 2010 el país continuaba siendo el primer productor
de hoja de coca en el mundo. ¿Qué ha hecho el Estado
para hacerle frente a la sustancias psicoactivas ilegales?
¿cuáles han sido los resultados? y ¿cuáles han sido las
respuestas jurídicas para el tratamiento de las drogas ilegales?
serán las preguntas y ejes centrales en los que se
desarrolla el artículo proponiendo un recorrido histórico
y temático, que sugiere como punto de partida la década
del 90, con referentes que han permeado el fenómeno de
la droga hasta la actualidad, y que hoy crean los resultados
en producción y consumo de sustancias psicoactivas
en Colombia, esto acompañado con una serie de
respuestas jurídicas que intentan mediar con la demanda
y necesidad social.
Antecedentes y contexto
Era el año 1999, el gobierno de Colombia se reconocía
como un "Estado que aún no ha sabido consolidar
su poder" [1], razón por la cual se decide emprender el
"Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el
fortalecimiento del Estado", convenio realizado entre
los gobiernos de Colombia y Estados Unidos con sus
respectivos presidentes de entonces Andrés Pastrana y
Bill Clinton. Dicho convenio, en el que se invirtieron
10.732 millones de dólares [2] pretendía con una duración
de 6 años emprender una lucha "contra el problema
mundial de las drogas, el crimen organizado y la violencia
que éste genera, la reactivación económica y social,
el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y
los avances en las negociaciones de paz en Colombia"
[2]. Fue quizás una de las intervenciones militares más
grandes del mundo para intentar reducir a la mitad el
número de hectáreas plantadas de cultivos ilícitos (coca
y amapola fundamentalmente) [3], y una de las estrategia
más ambiciosas en contra del conflicto armado y
el narcotráfico [4]. Para el 2007, un año más de lo que
estaba previsto inicialmente el Plan, el gobierno encabezado
por el presidente de entonces Álvaro Uribe Vélez,
propuso la "Estrategia de fortalecimiento de la democracia
y el desarrollo social (2007-2013)" considerada
como la fase II del Plan Colombia [4], la cual pretendía
consolidar los logros alcanzados por el anterior Plan y
fortalecer "la estabilidad democrática, la promoción de
los DD.HH., el desarrollo económico y social, y la lucha
contra la pobreza" [5].
Aquel Plan Colombia es un referente histórico que
permite evidenciar la transformación que ha tenido el
país frente al panorama de la década de1990 al 2000,
con altos índices de violencia [6], elevadas tasas de homicidios
[7, 8], secuestros, masacres [2], desplazamiento
forzado, problemas en los sistemas de educación y
salud, corrupción en las entidades tanto públicas como
privadas, pobreza acompañada con desempleo e inequidad
social y en correlación directa con "la peor crisis
económica de su historia" [1]. Un decenio que mostraba
al país haciendo un llamado internacional frente a
sus diferentes problemáticas con un Estado debilitado
y con poca credibilidad frente a sus ciudadanos. Para
1999 la propuesta estratégica fue nombrar un punto en
el que convergen todos los fenómenos y fue aquí cuando
"el problema de la droga" con sus procesos de cultivo,
producción, transporte, comercialización, consumo y lavado
de activos aparece como un problema prioritario
que había alcanzado a infiltrar todas las redes de poder e
influenciaba la dinámica social del país [1]. De las diez
estrategias emprendidas por el Plan Colombia, cinco
manifestaban de manera explícita objetivos antinarcóticos,
los demás lo impactarían de manera indirecta.
Ahora bien, en dicho Plan se focaliza en los psicoactivos
como el elemento claro a controlar, pues esto
permitiría desestabilizar la financiación de los grupos
insurgentes ilegales y con ello controlar la violencia,
ganar confianza inversionista y mejorar las condiciones
económicas del país; la droga asociada con la violencia
hace que su tratamiento, desde el Plan, sea un tema de
seguridad más que de salud pública. Por otra parte, es
el gobierno de Estados Unidos con el que se realiza el
convenio, considerando que el 80% del total de cocaína
que se consumía en ese país provenía de Colombia, que
para el año 1999 ya era el primer productor de hoja de
coca en el mundo [9].
Hoy, 13 años después de que emergiera el Plan Colombia,
los resultados que dispone el gobierno en documentos
oficiales describen y resaltan una transformación
en el fortalecimiento institucional y gubernamental, en
la modernización del pie de fuerza y en mejora de indicadores
tales como la reducción de cultivos ilícitos, tráfico
de narcóticos, aumento en los decomisos de cocaína,
personas desmovilizadas y extraditadas, número de
muertes provocadas por la fuerza pública o "efectivos"
y protección de los Derechos Humanos y El Derecho
Internacional Humanitario [1].
No obstante, tales resultados que se atribuyen a
la realización del Plan Colombia, no aparecen unidos
al discurrir histórico que permitiese leer el contexto
político y social del país, y se expresan sin los hechos
paralelos que afectan directa o indirectamente el fenómeno,
y sólo se referencian indicadores de gestión
que muestran al Plan como productor causal de elementos
como reactivación económica, cuando en estos
indicadores hay muchas variables que los afectan,
como por ejemplo el repunte que tuvo la economía
después de la crisis de la década del 90, que se atriEstrategias
políticas para el tratamiento de las drogas ilegales en Colombia
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buyó a las estrategias macroeconómicas y de seguridad
que se implementaron con este Plan, implicaron
financiaciones que a su vez tuvieron un impacto fiscal
que afectaron negativamente a la misma economía.
En cuanto a otros indicadores como los de violencia,
estos no se diferenciaron entre violencia general o
vinculada al conflicto armado [3], aspecto clave en
la estrategia de paz contemplada en aquel Plan que
ha sido altamente debatido, porque desde el inicio no
mostraba consistencia en sus cinco versiones [10].
En la misma línea, también se han registrado críticas
a los informes de resultados, ya que no aparecen análisis
de los efectos ocasionados al medio ambiente por la
aspersión de glifosato, que si bien erradica y fumiga sectores
con cultivos ilícitos, produce a su vez un desplazamiento
del mismo cultivo por diversos territorios como
lo señala Ceballos [11], afectando la tierra y poblaciones
que allí pretendían cultivar de igual manera alimentos
para subsistir [12]. Hasta este momento, se logra denotar
cómo los informes pretenden brindar resultados de la
estrategia con datos benéficos y se desconocen todos sus
aspectos por mejorar.
Ahora bien, el negocio de las drogas se encuentra
bajo la dinámica de oferta/demanda, por lo que la producción,
el tráfico y el consumo son tres grandes componentes
del fenómeno. Colombia como lo señalan los
informes de resultados, sí ha logrado impactar este fenómeno,
sin embargo esto no implica que el problema
esté resuelto, más bien éste ha mutado al denominado
"efecto globo" [12, 13], transfiriendo las problemáticas
asociadas a la guerra antinarcóticos a otros países
latinoamericanos como Bolivia, Perú [13] y México
[14],que están produciendo y traficando grandes cantidades
de drogas, a lo cual se suma un incremento significativo
en el consumo de drogas que hoy se registra en
toda Latinoamérica [15]. En la actualidad se reconoce
que ha habido una desintegración de los grandes carteles,
pero igual Colombia enfrenta una entramada red de
microtráfico encargada de comercializar con narcóticos,
como una mutación del gran mercado de las drogas [16].
Hasta este punto, se ha observado como el Plan Colombia
ha sido una estrategia que ha tenido como objetivo
fundamental reducir la oferta de drogas para impactar
en la demanda y consumo en Estados Unidos y otros
países, pero que no ha cumplido con el objetivo ya que
respecto a psicoactivos como la cocaína por ejemplo, se
ha mantenido un consumo relativamente estable en los
últimos 15 años y en países Europeos se ha presentado
un crecimiento exponencial [15], poniendo en cuestionamiento
la estrategia que se está utilizando para hacerle
frente al fenómeno de la droga.
Cultivo y producción de sustancias
psicoactivas
En Colombia gracias a las estrategias que procuran la
erradicación del cultivo y producción de sustancias
psicoactivas, se ha presentado una significativa disminución*
desde 2001, año en el que se inician las mediciones
anuales; sin embargo para el 2010 el país aún era
un importante productor mundial de hoja de coca como
lo develó el informe de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (onudc) [17] a través del Sistema
de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (simci), con el
cual se constata con imágenes satelitales e indagaciones
de campo el estado del cultivo ilegal. Estos resultados
eran interpretados por el gobierno del entonces presidente
Álvaro Uribe Vélez como satisfactorios, ya que
aparentemente Colombia había dejado de ser el primer
productor mundial de hoja de coca y en su lugar estaría
Perú, hecho que fue publicado por la prensa nacional
con el título: "La lucha antidroga da frutos y es ejemplo
mundial" [18]. No obstante con los diversos sistemas de
medición entre los dos países no se podría comparar ni
aseverar tal afirmación. Colombia, 11 años después de
haber iniciado el Plan, mostraba una producción de coca
superior a la de cualquier otro país en el mundo [19],
y aun cuando Perú fuera la nación que superara a Colombia
en producción, lo que esto mostraría es que el
fenómeno se habría desplazado y adaptado a la guerra
impuesta en el país, no que se estuviera solucionando el
problema de base.
En el informe simci del 2011 se registra que para
diciembre del 2010, Colombia tenía un estimado de
62.000 hectáreas sembradas con coca distribuidas en los
23 departamentos, lo que le representa una reducción de
11.000 hectáreas comparadas con el 2009. Para el cultivo
de amapola y producción de látex y heroína, que son
las otras sustancias de las cuales brinda información el
simci (2011), se registra que para el 2010 se incautaron
2 Kilogramos de látex y 337 Kilogramos de heroína, y
se estima que hubo una reducción de 7.159 hectáreas,
frente a las 7.500 cultivadas en el país en el 2000 [20].
Ahora bien, la onudc a través del simci evidencia
que hubo una reducción en las hectáreas plantadas con
hoja de coca, pero estos datos no son precisos. Desde el
año 2001 el país ha presentado una marcada reducción
en producción de hoja de coca, cerca de 80.000 hectáreas
menos (del estimado total en el 2001) para el 2008,
no obstante para este mismo año la Oficina Nacional de
Control de Drogas de Estados Unidos (ondcp) manejaba
un registro hasta de 50% incremento de área cultivada,
en relación con las cifras de la onudc, desproporción que
* Colombia pasa de tener cerca de 140.000 hectáreas en el 2001, a tener en el 2010 cerca de 60.000 hectáreas plantadas con hoja de coca. (SIMCI, 2011)
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se intenta explicar a partir de los diferentes métodos de
recolección de datos [21].
Entonces, ¿realmente se ha impactado el mercado
y el precio de las drogas con la erradicación e incautación?.
Este mercado cuenta con una alta adaptabilidad
ya que aun cuando se ha invertido millonarias cantidades
de dinero para erradicar e incautar droga, en el
mundo, hoy se produce más cocaína que en el año 1990,
cuando se producía unas 774 toneladas, para el año 2008
ya se producía 865 toneladas, más barata y disponible
que en sus últimos 20 años, pasando algo similar con los
opiáceos, cuya producción en el 2008 fue de 7.700 toneladas
casi el doble que en el año 1990 [22]. Al parecer,
que haya erradicación manual o aérea y que aumente la
incautación de drogas, no significa que se disminuya el
producto final. Estas estrategias no están afectando el
mercado de las drogas que cuenta con gran capacidad
adaptativa frente a las necesidades del consumidor, que
es en última instancia quien termina enfrentándose a un
mercado peligroso, en el que no se garantiza calidad ni
procedencia y mucho menos condiciones adecuadas de
consumo, exponiéndolo a ser perseguido y encerrado
en una guerra antinarcóticos. En esta lógica el consumo
aparece como efecto secundario de la producción,
pero es en esta acción humana en donde se encuentran
realmente muchas de las posibilidades para encarar las
problemáticas sociales suscitadas por las medidas adoptadas
para el control de la droga.
Consumo de sustancias psicoactivas
Para la década del 90, Colombia poseía un complejo panorama
relacionado con el fenómeno de las drogas. En
esa época el Estado no sólo se enfrentaba con grandes
carteles que producían, comercializaban y traficaban
heroína y cocaína, sino que también experimentaba un
incremento en el consumo de varias sustancias psicoactivas,
tanto legales como ilegales, al menos así se señaló
en el segundo estudio de Salud Mental y Consumo de
Sustancias Psicoactivas del 1997, en donde se determinaba
que el consumo de alcohol en población general,
llegaba a tener una prevalencia en la vida de 85.5%, con
un aumento de 18.7% entre 1987 y 1997; considerar este
dato es muy relevante pues el 60% de consumidores de
psicoactivos tuvieron su iniciación con esta sustancia.
Por su parte, en sustancias ilegales se identificó a la marihuana
como la de mayor consumo con una prevalencia
en la vida de 9.2%, con un aumento 3 veces mayor
al presentado en 1987 [23]. Es importante precisar que
desde los años noventa se ha venido señalando que hay
un déficit nacional en bases de datos que permitieran
rastrear y corroborar información.
Ahora bien, en los últimos 10 años el país ha tenido
dos grandes estudios sobre consumo de sustancias psicoactivas,
el primero fue el: "Estudio Nacional de Consumo
de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2008", que
permitió realizar un diagnóstico sincrónico del fenómeno
y comparar al país frente a varias naciones suramericanas
que realizaron estudios similares. Los resultados de
éste, ubicaron al consumo del país en un lugar intermedio
frente a naciones como Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina,
Chile y Uruguay; no obstante hay una llamada "problemática
acuciante", ya que la presente situación estaría
afectando la salud pública, la convivencia, el bienestar
social y la seguridad de los ciudadanos [24].
Los resultados mostraron cómo en la población entre
12 y 65 años, se registró al alcohol y al tabaco como
las sustancias psicoactivas con mayor prevalencia de
vida, con porcentajes de 86,1 y 44,5% respectivamente.
Para el caso de consumo de sustancias ilegales, la marihuana
continuó siendo la sustancia de mayor prevalencia
con un 8%, la cocaína registra un 2,5%, el basuco
1,1%, éxtasis 0,9%, inhalantes un 0,8% y la sustancia
psicoactiva menos consumida, con cifras en algún momento
de la vida fue la heroína con un porcentaje de
0,2%, lo que representa unas 37.863 personas, porcentaje
importante para esta sustancia, que ha continuado
incrementándose en el país después de esa fecha. Dentro
de este estudio se indagó por un ítem denominado como
percepción de "disponibilidad y oferta de sustancias", en
el cual las personas registraron que les era fácil acceder a
la marihuana con un porcentaje de 48%, cocaína con un
28%, basuco, 32% y éxtasis con un 20% [24].
El segundo fue el "Estudio Nacional de Consumo de
Sustancias Psicoactivas en Población Escolar Colombia
2011" [25], el cual permitió comparar las cifras con otro
estudio similar realizado en el 2004 [26]. La población
encuestada en el Estudio del 2011, se encontraba entre
los grados sexto y undécimo, de instituciones educativas
tanto del sector público como privado, con un rango de
edades entre 11 y 18 años y se indagó por consumo de
sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales o de
uso indebido. Según lo señalaron los resultados arrojados,
en la actualidad hay un llamado prioritario para trabajar
en prevención desde edades tempranas, ya que queda en
evidencia un consumo de alcohol desde los 12 años [25],
lo que aumenta la probabilidad de consumo de sustancias
ilegales siguiendo la hipótesis de la escalada [27].
En los resultados del estudio se mostró que hubo
leves descensos en el consumo de prevalencia de vida
en el alcohol, que pasó de tener un registro de 73,40%
en el 2004 a 69,22% en el 2011, el consumo de tabaco
pasó de 44,26% a 28,11%, la marihuana de 7,59%
pasó a 8,28%, basuco de 1,5% pasó a 0,66%, y el éxtasis
de 3,20% a 1,33%; sin embargo, se evidencia un
importante incremento en el uso de la cocaína en prevalencia
de vida, mientras en el 2004 se registraba un
1,86% de consumo, para el 2011 se registra 3,29%. En
estos datos también aparece el consumo en algún momento
de la vida de otras sustancias como pegantes y/o
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solventes con un 3,05%, éxtasis un 1,2%, dick 4,1%,
Popper 2,48% y bebidas energizantes, 25,5%. Ahora
bien, en cuanto al ítem de "Disponibilidad y oferta de
sustancias" los estudiantes expresaron que les era fácil
acceder a sustancias como el alcohol en un 70,8%,
marihuana en un 33, 37%, cocaína 9,53%, basuco 12,
14%, éxtasis 7.93% y heroína 4.99% [25].
Estos últimos estudios ponen en relieve tres fenómenos
que de entrada llaman la atención; en primer
lugar que en el mercado Colombiano se ha venido presentando
una alta prevalencia en consumos de cocaína y
de sustancias emergentes como "dick, ladys" o "fragancia",
en segundo lugar se registran edades de inicio cada
vez más tempranas, y por último, que en la actualidad
hay una alta percepción de disponibilidad de sustancias
ilegales o de uso indebido, lo que pone de manifiesto
una necesidad imperante por el trabajo preventivo más
allá de estrategias judiciales, que han mostrado un
impacto ineficiente para el tratamiento integral de las
problemáticas asociadas al consumo.
En contraste, en los últimos cinco años a nivel mundial
el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas
ha mostrado una estabilización para algunos casos y aumento
para varias naciones, con registros que evidencian
una prevalencia anual en marihuana de entre 2,6 y el
5,0%, sustancia que continúa siendo la droga ilegal más
consumida junto con los estimulantes de tipo anfetamínico
con porcentajes de entre 0,3 a 1,2%, seguidas por
opioides que tiene un uso de entre 0,6 y 0,8%, y cocaína
con cifras de entre 0,3 y 0,4% [28], cifras mundiales que
suscitan preocupaciones a las instituciones de salubridad
y de seguridad en cuanto las asocian con cerca de 0,2
millones de muertes y el fomento de delincuencia, inestabilidad,
inseguridad y propagación de VIH.
Respuesta jurídica frente al fenómeno
de las drogas ilegales
Hasta el momento, tanto los resultados otorgados por el
Plan Colombia, que ha procurado reducir los cultivos, la
producción y el comercio de sustancias ilegales, como
los diversos estudios de consumo de sustancias psicoactivas,
ponen de manifiesto una necesidad social por programas
integrales en los que se aborde el fenómeno de
las drogas en sus diversas áreas, y no sólo parcialmente,
pues el llamado es a generar estrategias que procuren un
desarrollo sostenible de las poblaciones e intervenciones
que busquen prevención, atención, tratamiento y rehabilitación
de los consumidores, más allá del castigo o penalización,
tareas que están en concordancia con lo que
señala la onudc (2012) en su último Informe Mundial
Sobre las Drogas, en donde se proponen medidas que
han demostrado ser las más efectivas e idóneas para la
población en general y la Estrategia Hemisférica contra
las Drogas, de la Organización de Estados Americanos
(oea) en el 2010 [29].
Ahora bien, en Colombia, las estrategias que se han
utilizado para hacerle frente al fenómeno de las drogas
han tenido básicamente dos polaridades; de un lado está la
pretensión de reprimir y prohibir cualquier tratamiento de
las sustancias psicoactivas ilegales desde una perspectiva
de salud pública, estrategias de cero tolerancia al cultivo,
comercio y consumo; en este tipo de lineamientos se
circunscriben estrategias como la del Plan Colombia, que
tienen como objetivo central erradicar la presencia de estas
sustancias en el país. Por otro lado están las propuestas
para el tratamiento social y cultural que procuran mediar
las problemáticas asociadas a estas sustancias, con lineamientos
de disminución del daño, consumo responsable
y con regulaciones del mercado [30]. No obstante, estas
dos perspectivas deberían estar supeditadas a la discusión
con razón social, más allá de las razones particulares, que
procuren un real bienestar y responda a las demandas y
necesidades sociales, pero estos espacios de discusión y
participación son limitados.
Respecto a este tema, los marcos jurídicos en las
últimas dos décadas han mostrado diversas conceptualizaciones
del productor, portador/consumidor y la droga
en sí misma, perspectivas expresadas en las polaridades
de quienes conciben un mundo de prohibición que busca
extinguir las sustancias psicoactivas como la marihuana,
cocaína y heroína versus quienes promulgan por la libertad
de los ciudadanos como agentes autónomos para
tomar decisiones y responsabilizarse de sí mismos, sin
que esto repercuta en el bienestar de las demás personas.
Desde la década del 90, las posiciones de las ramas
del poder público en Colombia (la Ejecutiva, Legislativa
y Judicial), han tenido diversas manifestaciones y modos
de abordar el fenómeno. Para el año 1994 la Corte Constitucional
se pronuncia con la Sentencia C- 221/94 en la
que se afirma que "las personas nacen libres y autónomas
para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera
con la autonomía de las otras" [31], argumento que permitió
despenalizar el consumo de la dosis personal†.
Sin embargo, paralelo a este pronunciamiento y
en los años siguientes los gobiernos de César Gaviria
(1990- 1994) y Ernesto Samper (1994-1998) realizaron
varios intentos por "re-penalizar" la dosis personal, bajo
el argumento que esto iba en contravía de la "guerra a las
drogas", labor que bajo el gobierno de Andrés Pastrana
(1998-2002) no se hizo de manera explícita, pero que
desde el inicio de campaña en el 2001 con Álvaro Uribe
(2002-2010) se volvió a impulsar [31].
† La dosis personal de SPA en Colombia está estipulada hasta 20 gramos de marihuana, 5 gramos de hachís y un gramo de cocaína o derivado.
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Por su parte para el 2002, la Corte Constitucional
con la sentencia C-689/02 diferencia el porte y el consumo
de estupefacientes de la actividad del narcotráfico;
no obstante estas medidas no eran tomadas con agrado
por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe,
ya que las estrategias de abordaje iban más del lado de
la cero tolerancia con proyectos y propuestas que impulsaban
la prohibición y penalización, como cuando en el
2003 se intentó reformar la constitución mediante referendo
y se introduce la sanción a quien porte y consuma
la dosis personal, modificando el artículo 16 que aborda
el libre desarrollo de la personalidad; finalmente este
referendo termina siendo declarado como inconstitucional
por la Sentencia C 551 del 2003. Posteriormente, en
el 2006, hubo un segundo intento de sancionar el porte
y consumo de estupefacientes bajo el proyecto de Acto
Legislativo número 133 del año que iba en curso, en el
que de nuevo se propone una modificación del artículo
16, pero no se aprueba en el Congreso. Un año más
tarde, en el 2007, bajo el proyecto de Acto legislativo
No 22, se cambia de estrategia al intentar modificar el
artículo 49 de la Constitución Política de Colombia sobre
el derecho a la salud, esta vez se propone realizar
"sanciones no privativas de la libertad al porte y al consumo
en lugares públicos" [31], esta propuesta como las
anteriores tampoco se aprueba.
Como se registra, el gobierno de Álvaro Uribe trató
en varias oportunidades, de prohibir el porte de la dosis
personal, sin embargo esto no se logra hasta el 2009, año
en el que se publica el Estudio Nacional de Consumo
de Sustancias Psicoactivas del 2008 [24]. Bajo pretexto
de la necesidad manifiesta que exige intervención para
tratar el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), se
presenta una nueva reforma del artículo 49 de la Constitución
Política [32], en la que se introducen especificaciones
del derecho a la salud, reforma en la que se afirma
que no se busca penalizar al portador de estupefacientes
sino brindarle medidas pedagógicas, profilácticas y terapéuticas
para que supere sus dificultades; en este punto
hay un radical viraje con relación al abordaje histórico
que se ha tenido en Colombia, ya que por ejemplo en la
ley 30 de 1986 se penalizaba al portador y consumidor y
éstos no eran considerados como enfermos [33].
Esta vez tras ocho debates y varias modificaciones,
el 21 de diciembre del 2009 queda aprobada la reforma
del artículo 49, en el que se expresa en lo concerniente
al campo del consumo de sustancias psicoactivas [30]:
"El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o
sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica.
Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá
medidas y tratamientos administrativos de orden
pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas
que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas
medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado
del adicto" [31].
Vale la pena resaltar que bajo esta modificación no
se penalizó el porte y consumo, lo que prescribe es que
se prohíbe la dosis mínima o personal, para brindar un
tratamiento adecuado al consumidor que sería concebido
como un enfermo al cual el Estado debe brindar tratamiento.
Sin embargo, para el 2010 el entonces Ministro del
Interior, German Vargas Lleras, afirmaba que el gobierno
no podría contar con 11,4 billones de pesos, costo total
de los programas de rehabilitación de los consumidores
de sustancias psicoactivas en Colombia [34], afirmación
que pone en jaque a la aplicación de una norma vigente
en Colombia, que sólo puede señalar a los consumidores
como enfermos pero no les puede ofrecer la posibilidad
de acceder a los servicios de salud adecuados.
Por otra parte, hay que aclarar que en el Código
Penal en su artículo 376, estaba establecido que serían
actividades punibles el tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes por lo que se puede incurrir en pena
de prisión, pero de acuerdo al Sentido del Fallo de la
Sentencia C-491/12 de la Corte Constitucional [35], se
estipuló que no se penalizará el porte o conservación de
la dosis "destinada al consumo personal". En este punto
es vital hacer énfasis que la cantidad de droga es la que
define, si la persona portadora la está utilizando con fines
de consumo personal o lucrativos para el tráfico y
comercialización, lo cual es un acto delictivo en el país.
En conclusión, Colombia mantiene sus polaridades frente
a quienes conciben que se debe prohibir o penalizar la
dosis personal, como lo ha manifestado el actual procurador
Alejandro Ordoñez [36] versus instituciones que
han mantenido una visión más analítica, como en el caso
de la Corte Constitucional.
Hasta este momento, se han abordado los resultados
del Plan Colombia y sus descensos de cultivo ilícito, pero
también el efecto globo producido, la situación actual del
consumo de sustancias en Colombia y las diferentes respuestas
jurídicas frente al fenómeno. En este recorrido,
queda manifiesta la necesidad de implementar estrategias
integrales que busquen la dignidad de lo humano y realmente
procuren bienestar y salud al medio social.
Conclusiones
Las estrategias utilizadas en Colombia para el tratamiento
de las drogas ilegales han sido ineficientes, muestra de
ello son las estadísticas que revelan como el consumo de
sustancias psicoactivas está en crecimiento, acompañado
con problemáticas asociadas y unas políticas, redes y servicios
insuficientes para la adecuada atención en salud.
Aun cuando en Colombia el fenómeno de las drogas
ha estado históricamente asociado con problemas de seguridad,
su abordaje debe ser de orden salubre.
La legalización de las drogas es apenas una estrategia
para mediar con este fenómeno; experiencias de
países como Holanda, Suiza y Portugal con políticas que
Estrategias políticas para el tratamiento de las drogas ilegales en Colombia
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procuran reducción del daño más allá de marginalizar y
estigmatizar, han mostrado ser efectivas para reducir algunas
de las problemáticas asociadas al consumo, tráfico
y comercio. En estos casos, las regulaciones del mercado
son dadas para promover que los servicios y productos
sean menos dañinos para la salud.
El objetivo de las estrategias no pueden estar focalizadas
en las drogas sino en las personas y en las
instituciones, quienes son finalmente las que realizan
o no las acciones en salud.
La pretensión de erradicar ciertas sustancias psicoactivas
como la marihuana, cocaína y heroína no pueden
representar una estrategia viable, en cuanto el hombre
crea y establece permanentemente opciones, como
por ejemplo las drogas sintéticas y diversas sustancias
que pueden llegar a suplir o renovar otros consumos. Al
parecer, el abordaje no puede estar supeditado a erradicar
ciertas sustancias sino más bien en buscar alternativas
pedagógicas en relación con las sustancias psicoactivas
y los sujetos.
En la declaración de una guerra sea cual sea sus objetivos,
no se debería sobrepasar la protección real de la
vida y la integralidad de las personas, pero para este caso
específico, en la guerra contra las drogas se han vulnerado
los objetivos de bienestar y desarrollo social. La guerra
que se libra con el argumento de erradicar ciertas sustancias
psicoactivas, no debería justificar la muerte de ningún
ser humano. Si bien la pretensión de erradicar ciertas
sustancias psicoactivas, es prevenir enfermedades y
problemáticas asociadas al consumo, ¿para qué crear una
guerra o estrategias donde mueren miles de personas?
Finalmente surge una pregunta: ¿Hasta qué
punto se debe coartar la libertad de las personas en
nombre de la salud?
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